No quiero ser pesado, pues este blog no pretende entrar tanto en cuestiones políticas, pero es que éste es un tema peligroso.
La organización encargada de denunciar sitios sigue siendo la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura y por lo tanto dependiente de la mal llamada Coalición de Creadores (puesto que son intermediarios, no creadores), es decir la de SGAE de turno, empresas anticuadas y de sus intereses, que como todos sabemos no son precisamente el de defender la cultura, sino recaudar a cualquier precio con el trabajo de los demás. Y desde aquí he defendido muchas veces que los autores deben cobrar, pero con un sistema actualizado a la situación de 2010, no de 1910. Y por otra parte que las industrias, en especial sus trabajadores directos e indirectos, deben ser ayudados.
Así de claro. Ya hemos mostrado muchas veces que decir que depende del Ministerio con minúscula y de la Coalición de intermediarios es lo mismo: el canon, la reunión de artistas y gobierno (realmente de Sony BMG y Gobierno), el interés propio de la ministra, … Y como diría Sabina: nos sobran los motivos.
El maquillaje es el siguiente (copio literal del artículo de El País):
Para pedir la cesación de la actividad es preciso una autorización judicial previa, aunque el juez no entra en el fondo del asunto, sino que sólo decide si el organismo solicitantes es pertinente para pedir la suspensión, y con ésta no se vulnera algún derecho fundamental.
Y cómo evidentemente, la Comisión de Propiedad Intelectual es un órgano pertinente para pedir la suspensión… pues listo.
Como los jueces no les dan la razón que no tienen, el Gobierno ha creado esta fórmula poco menos que fascista para hacer lo que les de la gana.
A todos en el colegio nos enseñaron la importancia de dividir los 3 poderes del estado de forma que sean independientes y el peligro que implica lo contrario.






The Three Generations - Pillage
4 de January de 2010, 16:34 | 




January 5, 2010 at 15:33
February 12, 2010 at 13:42